En febrero, la Corte Constitucional anunció la exigibilidad condicional del artículo 37A de la Ley No. 712 de 2002, que modificó el artículo 85A de la Ley de Procedimiento Laboral (CPT), que menciona las precauciones tomadas en el proceso laboral ordinario.

El artículo estipula: “El imputado realiza acciones que el juez considera insolventes u obstaculiza la efectividad de la sentencia en los procedimientos ordinarios, o cuando el juez considera que el imputado enfrenta serias y serias dificultades en el proceso judicial, puede realizar su obligaciones de manera oportuna. Se impondrá una garantía para garantizar el resultado del procedimiento, y cuando se tomen medidas preventivas, ésta fluctuará entre el 30% y el 50% del valor del reclamo con base en el juicio prudente (…) “.

La Sala considera ejecutorio este artículo, pero tiene entendido que el artículo permite la aplicación de la letra c) del número 1 del artículo 590 de la CGP, referente a la facultad del juez para ordenar medidas cautelares no identificadas. El propósito de esta declaración es proteger el derecho al trabajo y la protección judicial efectiva. (Leer: Las partes pueden solicitar medidas preventivas designadas o no identificadas) 

Bueno, recientemente anunció el ahorro de tres votos para la mayoría de las presentaciones. Los oponentes son Antonio José Lizarazo y Paola Meneses Mosquera y Gloria Stella Ortiz. Debido a la importancia de este tema, esperamos recoger sus posiciones en el “campo legal” con el fin de aumentar su voz en el debate.

En primer lugar, la jueza Lizarazo objetó que los reclamos inconstitucionales que motivaron la sentencia del tribunal no sustentaban “Por qué el legislador debería establecer las mismas disposiciones sobre los tipos de medidas preventivas estipuladas en la Ley General de Procedimiento, teniendo en cuenta la particularidad de la labor laboral? proceso y la legislación”.

El autor tiene un amplio poder de asignación al diseñar las reglas procesales y los poderes de los jueces en cada proceso. Por lo tanto, el tribunal debe abstenerse de pronunciarse sobre el fondo del caso Lizarazo porque no se cumple el requisito del cargo por violación del principio de igualdad. (Leer: Medidas preventivas en proceso de redacción de la constitución tutelar (medidas temporales).

De igual forma, la jueza Paula Meneses considera que la Sala debe reprimirse y considerar que esta proposición “no se ajusta a la ley y precedente para estudiar los requisitos que pueden vulnerar el principio de igualdad”. Esto se debe a dos motivos: por un lado, debido a que el demandante no analizó el trato diferencial que recibirían las personas tratadas que participaron en el procedimiento laboral ordinario, consideró necesario equilibrar la racionalidad del sistema de medidas preventivas, entre las profesiones civiles y laborales. 

Esto perjudicará sus intereses. Por otro lado, en este caso, la vestimenta no utiliza un “modelo de comparación con respecto al objeto involucrado”, como en otros casos cuando se estudia el tratamiento diferencial de cuestiones procesales.

Finalmente, la jueza Gloria Ortiz considera que “las condiciones adoptadas por el tribunal constituyen una intervención muy fuerte en el diseño del procedimiento, y eso es responsabilidad del legislador”. (Leer: Compendio Audiovisual de CGP) 

Ortiz dijo que cree que “no se puede promover el principio de igualdad de todos los sistemas procesales” porque el derecho constitucional reconoce que los legisladores tienen la libertad de configurar los procedimientos judiciales, “tomando en cuenta la particularidad de cada disputa, objeto, bienes y ley. “Lo que está en juego está en juego “.

Para los jueces de paz, las distintas opciones que puede tomar el Congreso para desarrollar estos poderes no pueden ser consideradas en sí mismas como una vulneración de la igualdad.

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